Bogotá — 7 de julio de 2026

El presidente electo de Colombia, el ultraderechista Abelardo de la Espriella, acusó este martes al mandatario saliente, el izquierdista Gustavo Petro, de intentar perpetrar un «golpe de Estado» para no entregar el poder, y pidió a las Fuerzas Armadas del país «proteger» la Constitución y la democracia desobedeciendo cualquier orden que apunte en sentido contrario. La acusación, formulada tras la suspensión unilateral del proceso de empalme entre ambos gobiernos, marca la escalada más grave hasta la fecha de una crisis institucional que ensombrece la transferencia de mando prevista para el 7 de agosto.

«No obedecer ninguna orden»

En un mensaje difundido en redes sociales y ampliado horas después en una transmisión en directo, De la Espriella sostuvo que Petro y el senador Iván Cepeda —candidato del oficialismo derrotado en el balotaje— habrían activado un «plan B» para permanecer en el poder «a como diera lugar» a través de un golpe de Estado. El presidente electo pidió expresamente a las Fuerzas Militares que cumplan con su juramento de defender la carta política y «no obedecer ninguna orden» que Petro pudiera impartir en contra del orden constitucional.

De la Espriella acompañó su llamamiento de acusaciones directas contra el gobierno saliente. Afirmó que Petro «sabe» que su administración perseguirá judicialmente los presuntos delitos de la gestión actual y que, por ese motivo, sentiría «pánico y terror». También sostuvo que el supuesto intento golpista buscaría encubrir hechos de corrupción y frenar futuras acciones legales. En su intervención, el mandatario electo pidió además a la comunidad internacional mantenerse atenta a la situación política del país.

La ruptura del empalme

El detonante inmediato de la crisis fue la decisión de De la Espriella de ordenar la suspensión «inmediata» del proceso de empalme —la transición técnica entre el gobierno saliente y el entrante—, a través de instrucciones giradas al vicepresidente electo, José Manuel Restrepo. El presidente electo justificó la medida asegurando que no está dispuesto a «legitimar el desastre ni el desconocimiento del orden constitucional», y calificó a la administración saliente como un gobierno que, a su juicio, «pretende destruir a Colombia». Sostuvo que la transición continuará mediante los mecanismos institucionales y tecnológicos disponibles para recopilar la información necesaria, pero descartó mantener encuentros directos con un equipo al que llegó a describir como «una banda de golpistas y corruptos».

Desde el gobierno saliente, el ministro de Hacienda y jefe del equipo de empalme, Germán Ávila, respondió también suspendiendo las mesas de trabajo por parte del Ejecutivo. Ávila sostuvo que no existían las condiciones mínimas para continuar debido a lo que describió como una persistencia de ataques personales contra el gabinete actual, y llamó a los ministros y directores a detener las reuniones hasta que cambiaran las condiciones del diálogo, aunque afirmó que el gobierno seguiría trabajando para restablecer las conversaciones.

El origen: Petro desconoce el resultado electoral

La escalada se produjo después de que Petro publicara un extenso mensaje en el que desconoce la legitimidad de su sucesor. El presidente saliente sostuvo que «Abelardo no ganó las elecciones» y que, según su interpretación de la voluntad popular, el verdadero ganador sería Cepeda. Petro alegó la existencia de un supuesto fraude electoral vinculado al voto de los colombianos en el exterior —en particular en Estados Unidos y España— y a presuntas manipulaciones de software, una hipótesis que las autoridades electorales y los observadores internacionales han descartado.

Petro, que no reconoce la «legitimidad» del gobierno entrante, convocó manifestaciones para el 20 de julio, fecha en la que tiene previsto pronunciar su discurso de despedida, y anunció que su partido, el Pacto Histórico, presentará una demanda de nulidad de las elecciones. No obstante, el mandatario saliente aseguró que entregará el poder a la medianoche del 6 de agosto y afirmó en su momento que no permanecería «ni un segundo más» en el cargo. Por su parte, Cepeda —quien sí reconoció los resultados oficiales— se declaró en «desobediencia civil» frente al nuevo gobierno, cuestionando, entre otras cosas, la condición de ciudadano estadounidense del presidente electo.

Un resultado histórico y ajustado

De la Espriella, un abogado penalista y empresario de 47 años nacido en Bogotá y con raíces en Montería (Córdoba), apodado «El Tigre», con triple nacionalidad (colombiana, estadounidense e italiana) y respaldo público del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se impuso en la segunda vuelta celebrada el 21 de junio por uno de los márgenes más estrechos de la historia electoral colombiana. Según el conteo de la Registraduría, obtuvo 12.959.542 votos (49,66%) frente a los 12.708.712 de Cepeda (48,70%), una diferencia de 250.830 sufragios, inferior a un punto porcentual. El Consejo Nacional Electoral lo proclamó presidente electo el 24 de junio, tras concluir el escrutinio oficial. Cepeda, que había anticipado la impugnación de decenas de miles de mesas, reconoció el resultado.

Outsider político que llega a la Presidencia sin haber ocupado antes ningún cargo público, De la Espriella forjó su notoriedad en dos décadas como uno de los abogados penalistas más influyentes y controvertidos del país —defendió a clientes polémicos como Álex Saab, señalado como presunto testaferro del gobernante venezolano Nicolás Maduro— y obtuvo la ciudadanía estadounidense en 2023. Cepeda, de 63 años, filósofo y senador, es hijo de Manuel Cepeda Vargas, dirigente de la Unión Patriótica asesinado en 1994, y ha centrado su carrera en los derechos humanos y los diálogos de paz.

El resultado dejó a un país profundamente polarizado. De la Espriella, un outsider político que promete impulsar la inversión privada, reducir el tamaño del Estado y endurecer el combate contra las guerrillas y los carteles del narcotráfico, sucederá a Petro, el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia, cuyo gobierno enfrentó una compleja situación de seguridad y cuyos intentos de negociar la paz con los grupos armados tuvieron resultados limitados. La proclamación de De la Espriella fue oficializada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que ya le entregó su credencial como presidente electo.

Un choque que preocupa a la institucionalidad

El enfrentamiento generó una oleada de reacciones. Diversos sectores políticos, gremios empresariales y movimientos ciudadanos —incluidos algunos que no respaldaron a De la Espriella en campaña— hicieron llamados a garantizar una transición pacífica y ordenada del poder y a respetar los resultados avalados por la autoridad electoral, subrayando que en Colombia el poder se define en las urnas. Otros sectores, en cambio, responsabilizaron al presidente electo de agravar la crisis al romper el empalme pese a haberse dispuesto los mecanismos legales para llevarlo a cabo.

De la Espriella, que asumirá el cargo para el periodo 2026-2030, deberá gestionar una transición marcada por la desconfianza mutua y por un pulso retórico que ha llevado a ambos bandos a acusarse recíprocamente de golpismo. La transferencia de mando del 7 de agosto se perfila así como una de las más tensas de la historia reciente del país.

Este cable fue elaborado a partir de un despacho de Deutsche Welle (DW) y verificado y ampliado mediante contraste con múltiples fuentes (Semana, Infobae, El Tiempo, Portafolio, Vanguardia, El Espectador, RPP, Excélsior, Telemundo, Milenio, CNN en Español, La Nación, CIDOB, Wikipedia en español, así como agencias AFP, EFE, AP y Reuters) disponible hasta el 7 de julio de 2026. Las cifras electorales corresponden al conteo de la Registraduría Nacional avalado por el Consejo Nacional Electoral (primera vuelta el 31 de mayo, segunda vuelta el 21 de junio, proclamación el 24 de junio). Las declaraciones citadas corresponden a pronunciamientos públicos de las partes recogidos por esos medios y reflejan sus respectivas posiciones; las acusaciones de fraude y de golpe de Estado no han sido acreditadas, y las autoridades electorales y observadores internacionales descartaron irregularidades en los comicios. La situación política continúa desarrollándose.