Lima — 4 de julio de 2026
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú proclamó el viernes 3 de julio a Keiko Fujimori como presidenta electa del país para el periodo 2026-2031, poniendo fin a uno de los procesos electorales más largos, atomizados y disputados de la historia reciente peruana. La líder de Fuerza Popular, que había perdido las tres contiendas presidenciales anteriores en segunda vuelta, se impuso esta vez por un margen de apenas 49.641 votos —un 50,13% frente al 49,86% de su rival, el izquierdista Roberto Sánchez—, en un resultado que Sánchez no reconoce y que la coloca al frente de un país sumido en una crisis política e institucional de años.
Una victoria al cuarto intento y por el margen más estrecho
La proclamación del JNE, encabezada por su presidente Roberto Burneo, formalizó los resultados de la segunda vuelta celebrada el 7 de junio y confirmó la fórmula de Fuerza Popular integrada por Fujimori como presidenta, Luis Fernando Galarreta como primer vicepresidente y Miguel Ángel Torres como segundo vicepresidente. Según el cómputo final de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), con el 100% de las actas contabilizadas, Fujimori obtuvo 9.223.396 votos (50,13% de los válidos) frente a los 9.173.755 de Sánchez (49,86%), una diferencia de 49.641 sufragios que ubica al comicio entre los más ajustados que se recuerden en el país. La segunda vuelta también batió el récord de votos nulos y viciados de los últimos veinte años, con cerca de un 6% de las papeletas anuladas.
Para Fujimori, de 50 años, hija mayor del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) y figura central del fujimorismo, el resultado corona una trayectoria de tres derrotas consecutivas en segunda vuelta —ante Ollanta Humala en 2011, Pedro Pablo Kuczynski en 2016 y Pedro Castillo en 2021—. Administradora de empresas formada en la Universidad de Boston, con una maestría en la Universidad de Columbia, fue primera dama entre 1994 y 2000 tras la separación de sus padres, y congresista por Lima con la mayor votación individual de su periodo. Asumirá el mando el 28 de julio, aunque recibirá su credencial formal el 15 de julio. Fujimori no acudió a la ceremonia de proclamación del JNE.
El itinerario de un conteo excepcionalmente lento
El proceso de 2026 fue descrito por la propia ONPE como el más complejo de la historia peruana: en una sola cédula compitieron más de 40 partidos, en la primera elección con Congreso bicameral (Cámara de Senadores y Cámara de Diputados) en más de tres décadas. La primera vuelta se celebró el 12 de abril con 35 candidatos presidenciales, en un escenario de fragmentación extrema del voto y empañada por graves fallas logísticas —retrasos en la entrega de material electoral en Lima obligaron a extender la votación al día siguiente en varios locales— que derivaron en la renuncia del jefe de la ONPE, Piero Corvetto. Fujimori encabezó con alrededor del 17,2% de los votos válidos, mientras que Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, alcanzó cerca del 12% y superó por un margen de apenas unos 21.000 votos al ultraderechista Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, en la disputa por el segundo lugar; el JNE proclamó esos resultados el 17 de mayo, más de un mes después de los comicios. El ascenso de Sánchez fue tardío: pasó de posiciones marginales en los sondeos y en los primeros días del conteo al segundo puesto conforme llegaban las actas de las zonas rurales del sur andino, donde se concentra el llamado «voto castillista», en referencia al encarcelado expresidente Pedro Castillo, de quien Sánchez fue ministro y a quien reivindica políticamente. La derrota de López Aliaga desató de su parte denuncias de «fraude» —sin pruebas acreditadas— y llamados a la movilización, un anticipo de las tensiones que reaparecerían en la segunda vuelta.
El conteo de la segunda vuelta se prolongó de forma inusual: más de tres semanas para llegar al 100% de las actas, con la ONPE recién completando el cómputo el 29 de junio y el JNE proclamando los resultados el 3 de julio. La demora, atribuida en parte a dificultades logísticas y al procesamiento del voto en el extranjero, alimentó las tensiones y las acusaciones cruzadas que caracterizaron todo el proceso.
Un resultado que el perdedor no reconoce
Roberto Sánchez, psicólogo social de 57 años oriundo de Huaral y exministro de Comercio Exterior durante el gobierno de Pedro Castillo, sostiene que hubo irregularidades en el voto emitido en el exterior que habrían inclinado la balanza a favor de Fujimori. El reclamo tiene un sustento numérico concreto: dentro del territorio peruano, Sánchez se impuso por unos 32.000 votos; fue el voto de los peruanos en el extranjero —favorable a Fujimori, con fuerte presencia en Estados Unidos y otras comunidades— el que revirtió el resultado a nivel nacional. En particular, Sánchez cuestiona que las actas de las mesas del extranjero fueran enviadas mediante valijas diplomáticas y no digitalizadas en los consulados, como sí había ocurrido en la primera vuelta; la ONPE respondió que esa modalidad fue una decisión de la Cancillería. Durante junio, Sánchez llamó a sus simpatizantes a «defender el voto» ante un presunto fraude, y se realizaron marchas pese a la negativa del Ministerio del Interior. Ya tras la proclamación, recurrió además a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para solicitar medidas cautelares, alegando un cambio de reglas en pleno proceso; el JNE ya había rechazado por extemporáneo su pedido de anular los votos del exterior. «De manera irregular, nos han vencido», declaró Sánchez, reconociendo la derrota pero negándose a admitir la legitimidad del resultado.
En su acto de proclamación, el JNE afirmó haber realizado una revisión de oficio de las actas y sostuvo que estas no presentaban inconsistencias respecto de los reportes contabilizados, además de declarar infundado un recurso de apelación presentado por Juntos por el Perú. El presidente del organismo, Roberto Burneo, descartó públicamente «cualquier narrativa de fraude» en el proceso. Cabe señalar que las denuncias de fraude sin pruebas concluyentes han sido una constante en las últimas elecciones peruanas, esgrimidas en 2021 por sectores de derecha —incluida la propia Fujimori, que entonces alegó un robo de votos tras su derrota— y ahora por la izquierda derrotada. Organismos como la OEA, cuyo secretario general Albert Ramdin felicitó a Fujimori, y diversos gobiernos de la región dieron por válido el resultado.
Una presidenta electa con causas judiciales abiertas
La llegada de Fujimori al poder se produce mientras enfrenta un juicio oral por el caso «Cócteles», en el que la Fiscalía la acusa de lavado de activos por presuntos aportes irregulares a sus campañas de 2011 y 2016, señalando a Fuerza Popular como una presunta organización criminal —una caracterización que su defensa rechaza con firmeza—. Fujimori estuvo en prisión preventiva en varias oportunidades durante la investigación. El desenlace de ese proceso judicial, y la relación que la nueva mandataria establezca con el Ministerio Público y el Poder Judicial, figuran entre las incógnitas de su futuro gobierno.
Otra cuestión sensible es el legado de su padre. Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad (las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta perpetradas por el grupo Colina) y por corrupción, murió en 2024 tras haber sido excarcelado mediante un indulto humanitario que la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuestionó reiteradamente. Durante la campaña, Keiko Fujimori se acercó nuevamente a la figura de su padre, a quien en contiendas anteriores había prometido indultar, y matizó su valoración del régimen de los años noventa. En los días previos a la proclamación, el también expresidente Alejandro Toledo —recluido y condenado por el caso Odebrecht— anunció que solicitaría un indulto a la futura mandataria, en una señal temprana de las presiones que recibirá en materia de gracia presidencial.
El telón de fondo: una crisis política sin resolver
Fujimori heredará un país que ha atravesado una prolongada inestabilidad institucional. Desde 2018, Perú ha tenido una sucesión de presidentes interrumpidos por vacancias, renuncias y crisis, hasta contabilizar ocho mandatarios en menos de una década. El propio proceso electoral de 2026 fue convocado por la entonces presidenta Dina Boluarte, quien había asumido en diciembre de 2022 tras la destitución de Pedro Castillo, y cuyo mandato —marcado por una aprobación en mínimos históricos y por las muertes de decenas de manifestantes en las protestas de 2022-2023— terminó con su propia vacancia por el Congreso en octubre de 2025. La presidencia recayó entonces en el titular del Legislativo, José Jerí, quien a su vez fue censurado y destituido en febrero de 2026 tras una seguidilla de escándalos. Desde entonces gobierna de forma interina José María Balcázar, congresista de Perú Libre de 83 años y presidente del Congreso, el octavo jefe de Estado del país en menos de diez años, quien deberá entregar el mando a Fujimori el 28 de julio.
El nuevo gobierno deberá lidiar con un Congreso bicameral fragmentado, una ciudadanía marcada por la desconfianza hacia la clase política —reflejada en el alto ausentismo y en el desapego juvenil documentado por encuestadoras y organismos internacionales—, el avance de la criminalidad y la extorsión, y la persistente polarización entre un electorado urbano y limeño más inclinado a la derecha y un electorado rural y andino que ha respaldado opciones alternativas. La estrechez del resultado —una diferencia inferior a 50.000 votos en un país de más de 27 millones de electores convocados— ilustra la profundidad de esa división y anticipa un mandato que arrancará sin un respaldo mayoritario claro.
Reacciones regionales
La victoria de Fujimori fue saludada por líderes de la derecha y ultraderecha latinoamericana, entre ellos el presidente argentino Javier Milei —que celebró que «la libertad avanza en toda América Latina»—, el salvadoreño Nayib Bukele y el chileno José Antonio Kast, además de la administración estadounidense de Donald Trump a través de su embajada. Desde otros sectores del arco político regional, la felicitación llegó acompañada de llamados a fortalecer las relaciones bilaterales y la integración comercial, en un momento en que varios países vecinos —incluida la vecina Colombia, también con un cambio de gobierno en curso— redefinen sus alineamientos.
De cara a las próximas semanas, la atención se centrará en la conformación del gabinete ministerial, en la actitud que adopte Sánchez y sus bases ante un resultado que rechazan, y en cómo la nueva presidenta —que declaró haber «decidido casarme con el Perú»— buscará gobernar un país fracturado, con causas judiciales propias pendientes y con un margen de legitimidad tan ajustado como el que le dieron las urnas.
Este cable fue elaborado y sometido a doble verificación mediante contraste de agencias y medios internacionales y peruanos (CNN en Español, Infobae, El Comercio, Gestión, La República, El Peruano, TVPerú, El Tiempo, BBC Mundo, CIDOB, Nueva Sociedad, France 24, la Misión de Observación Electoral de la UE, Wikipedia en español, entre otros) disponible hasta el 4 de julio de 2026. Las cifras oficiales corresponden al cómputo al 100% de la ONPE (9.223.396 votos para Fujimori, 50,135%, frente a 9.173.755 de Sánchez, 49,865%; diferencia de 49.641 votos) y a la proclamación del JNE del 3 de julio. Las acusaciones de irregularidades mencionadas reflejan posiciones de las partes y no han sido acreditadas por la autoridad electoral, que descartó públicamente cualquier fraude. La situación política continúa desarrollándose.
Creo que en el Perú habrá un giro histórico.