La primicia de este 22 de julio es la firma formal del denominado Acuerdo 123 de cooperación nuclear civil y de un convenio bilateral de salvaguardias. El pacto permitirá utilizar tecnología estadounidense en el futuro programa nuclear saudita, pero genera inquietud porque no incorpora el Protocolo Adicional del OIEA.

WASHINGTON / RIAD, 22 de julio de 2026.— Estados Unidos y Arabia Saudita firmaron este miércoles un acuerdo de cooperación nuclear civil, conocido como Acuerdo 123, que establece el marco jurídico para que empresas estadounidenses participen en el desarrollo del programa nuclear saudita y transfieran determinados materiales, equipos y tecnología destinados a usos pacíficos.

La firma constituye la principal novedad conocida este 22 de julio. Las negociaciones habían avanzado durante varios años y ambos gobiernos ya habían anunciado, el 18 de noviembre de 2025, que habían concluido las conversaciones. El paso dado ahora es diferente: el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, y el ministro saudita de Energía, el príncipe Abdulaziz bin Salman, suscribieron formalmente el Acuerdo 123 y un acuerdo bilateral de salvaguardias.

El Departamento de Energía de Estados Unidos explica que esta clase de acuerdos, previstos por la Sección 123 de la Ley de Energía Atómica, constituye la base legal necesaria para realizar transferencias significativas de materiales, componentes y equipos nucleares estadounidenses a otro país.

El pacto posibilitará que Arabia Saudita construya reactores nucleares con tecnología estadounidense dentro de su programa de generación eléctrica. El proyecto podría beneficiar especialmente a Westinghouse, fabricante de los reactores AP1000 que el reino considera para sus futuros complejos nucleares.

La información disponible indica que el acuerdo tendrá una duración aproximada de 30 años y que los proyectos asociados podrían representar inversiones por decenas de miles de millones de dólares. Sin embargo, la construcción de los reactores y de cualquier instalación relacionada con el ciclo del combustible requerirá estudios técnicos, decisiones comerciales y autorizaciones posteriores, por lo que no comenzará automáticamente con la firma.

El punto más controvertido: el enriquecimiento de uranio

El aspecto más sensible del acuerdo es que no obliga expresamente a Arabia Saudita a renunciar al enriquecimiento de uranio ni al reprocesamiento del combustible nuclear gastado.

Reuters informó que el pacto permite al reino enriquecer uranio y reprocesar residuos nucleares. Associated Press introdujo una formulación más cautelosa: el acuerdo podría abrir el camino hacia una instalación de enriquecimiento en territorio saudita después de un estudio conjunto entre Washington y Riad.

Por esa razón, todavía no debe afirmarse que Estados Unidos vaya a transferir de manera inmediata centrifugadoras o tecnología de enriquecimiento. Lo confirmado es que el acuerdo no contiene una prohibición permanente de esas actividades y que deja abierta la posibilidad de autorizarlas mediante procedimientos posteriores.

El enriquecimiento de uranio puede utilizarse para producir combustible destinado a reactores civiles. No obstante, cuando alcanza niveles elevados también puede proporcionar material para un arma nuclear. El reprocesamiento, por su parte, permite separar plutonio del combustible irradiado. Ambas tecnologías son consideradas especialmente sensibles dentro del sistema internacional de no proliferación.

Arabia Saudita es parte del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares y sostiene que su futuro programa tendrá fines pacíficos. El príncipe heredero Mohammed bin Salman ha afirmado anteriormente que el reino no busca fabricar una bomba atómica, aunque también ha señalado que Arabia Saudita procuraría obtenerla si Irán llegara a desarrollar un arma nuclear.

El acuerdo no incluye el Protocolo Adicional del OIEA

Otra diferencia significativa es que el pacto no exige la entrada en vigor del Protocolo Adicional del Organismo Internacional de Energía Atómica.

Ese instrumento otorga al Organismo Internacional de Energía Atómica facultades ampliadas para acceder a instalaciones, verificar actividades no declaradas, examinar documentación y realizar inspecciones con plazos reducidos.

Arabia Saudita mantiene obligaciones de salvaguardias internacionales, mientras que el Gobierno estadounidense afirma que el nuevo acuerdo bilateral contiene garantías de seguridad y no proliferación. Sin embargo, la ausencia del Protocolo Adicional significa que no se aplicará, por ahora, el nivel más amplio de verificación internacional disponible bajo el sistema del OIEA.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, defendió la decisión y sostuvo que Washington no suscribiría un acuerdo que aumentara el riesgo de proliferación. El secretario de Energía, Chris Wright, afirmó asimismo que los instrumentos firmados respetan elevados estándares de seguridad nuclear.

Especialistas en control de armamentos y varios legisladores demócratas consideran, en cambio, que las garantías son insuficientes debido a la combinación de tres elementos: la falta del Protocolo Adicional, la ausencia de una renuncia absoluta al enriquecimiento y el contexto de competencia estratégica con Irán.

Un modelo diferente del aplicado a Emiratos Árabes Unidos

El acuerdo saudita contrasta con el firmado en 2009 entre Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos. En aquel caso, Abu Dabi aceptó renunciar al enriquecimiento de uranio y al reprocesamiento dentro de su territorio.

Esa fórmula fue denominada el “estándar de oro” de la cooperación nuclear estadounidense porque reducía el riesgo de que un programa energético pudiera adquirir capacidades aplicables a la fabricación de armas.

Arabia Saudita, en cambio, ha defendido su derecho a desarrollar el ciclo del combustible y ha rechazado quedar sometida permanentemente a condiciones más restrictivas que las aceptadas por Irán dentro del Tratado de No Proliferación.

El resultado representa un cambio importante en la política estadounidense: Washington acepta cooperar con un país que no ha renunciado definitivamente a esas capacidades, aunque sostiene que podrá ejercer una vigilancia y una influencia mayores si el programa se desarrolla con empresas estadounidenses y no con proveedores de China o Rusia.

El acuerdo será revisado por el Congreso

El Gobierno estadounidense remitirá ahora el pacto al Congreso, que dispondrá de 90 días de sesiones continuas para examinarlo.

El procedimiento no equivale a una ratificación ordinaria mediante una votación afirmativa. En términos generales, un Acuerdo 123 puede entrar en vigor si el Congreso no aprueba dentro del plazo correspondiente una resolución conjunta de desaprobación.

Si el presidente Donald Trump vetara una eventual resolución de rechazo, sus adversarios necesitarían una mayoría de dos tercios en ambas cámaras para superar el veto. Por tanto, el Congreso puede bloquear el pacto, pero el umbral político necesario es considerable.

Análisis: energía civil y poder estratégico

La importancia del acuerdo trasciende la construcción de centrales eléctricas. Arabia Saudita busca diversificar una economía todavía muy dependiente de los hidrocarburos, reducir el petróleo utilizado para generar electricidad y reservar mayores volúmenes para la exportación.

El proyecto se inscribe en una transformación más amplia de la geopolítica energética, en la que la energía nuclear recupera protagonismo como fuente de electricidad estable, instrumento de soberanía tecnológica y componente del poder nacional.

Para Estados Unidos, la operación ofrece ventajas económicas y estratégicas. Las empresas estadounidenses podrían acceder a contratos multimillonarios, mientras Washington preservaría su influencia sobre un aliado central del Golfo y limitaría la expansión de proveedores rusos o chinos.

Para Arabia Saudita, la cooperación permitiría avanzar hacia una mayor autonomía tecnológica. Aunque disponer de enriquecimiento no equivale a poseer un arma nuclear, sí reduciría la distancia técnica que separa al reino de una eventual capacidad militar.

La cuestión adquiere particular relevancia en medio de la escalada entre Estados Unidos e Irán. Washington intenta impedir que Teherán pueda desarrollar una bomba, pero al mismo tiempo acepta que su principal socio árabe conserve abierta la posibilidad de enriquecer uranio.

Esta aparente contradicción será uno de los principales argumentos de quienes se opongan al pacto en el Congreso. También podría estimular a países como Turquía, Egipto o Emiratos Árabes Unidos a reclamar condiciones equivalentes para sus propios programas.

El riesgo no consiste necesariamente en una carrera inmediata por fabricar bombas. Puede surgir una competencia más gradual por adquirir reactores, instalaciones, personal especializado y conocimientos relacionados con el ciclo nuclear. Esas capacidades pueden permanecer bajo fines civiles durante décadas, pero también proporcionan una forma de disuasión nuclear latente.

Israel seguirá el proceso con particular atención. Aunque mantiene relaciones estratégicas con Washington y una cooperación informal con Riad frente a Irán, cualquier ampliación sustancial de las capacidades nucleares sauditas modificaría los cálculos de seguridad regionales.

El acuerdo fortalece, por tanto, la alianza estadounidense-saudita y abre un importante mercado para la industria nuclear de Estados Unidos. Pero también debilita el principio de que la cooperación nuclear más avanzada debe ir acompañada de una renuncia inequívoca al enriquecimiento y al reprocesamiento.

En una región ya afectada por la guerra, el aumento del precio del petróleo y la tensión en el estrecho de Ormuz —analizados por Eco del Siglo en su cobertura sobre el riesgo de una interrupción energética mundial—, el pacto incorpora una nueva dimensión: la competencia por dominar no solo las fuentes de energía, sino también las tecnologías capaces de alterar el equilibrio estratégico de Oriente Medio.

Fuentes externas: Departamento de Energía de Estados Unidos, Reuters, Associated Press y Organismo Internacional de Energía Atómica.