La ruptura del orden democrático y la debacle económica y social padecidas por los países vinculados al denominado socialismo del siglo XXI obligan a realizar una revisión intelectual que ya no puede continuar aplazándose. No se trata únicamente de evaluar gobiernos concretos ni de corregir errores administrativos: es necesario examinar los fundamentos de un modelo político que concentró el poder, debilitó las instituciones, convirtió al Estado en instrumento partidario y presentó el control de la economía como una forma superior de soberanía.

Durante años, las nacionalizaciones, las expropiaciones y las restricciones a la inversión privada fueron defendidas como actos de emancipación. La empresa extranjera fue retratada como una presencia sospechosa; la propiedad privada, como una concesión precaria; el beneficio empresarial, como una expresión de explotación; y la intervención estatal, como garantía automática de justicia social. Sin embargo, allí donde estas ideas se aplicaron sin contrapesos institucionales, seguridad jurídica ni disciplina económica, los resultados estuvieron muy lejos de las promesas formuladas.

Venezuela representa el caso más dramático. Un país dotado de algunas de las mayores reservas petroleras del planeta terminó sufriendo una prolongada contracción económica, el deterioro de su industria energética, una crisis humanitaria y uno de los mayores desplazamientos poblacionales contemporáneos de América Latina. Al concluir 2025, alrededor de 6,9 millones de refugiados y migrantes venezolanos permanecían en países de América Latina y el Caribe, según datos del sistema de Naciones Unidas.

La tragedia venezolana no fue consecuencia de una carencia de recursos naturales. Fue, en gran medida, el resultado de haber confundido la riqueza del subsuelo con la capacidad permanente del Estado para producir prosperidad. La subordinación política de las instituciones, la opacidad fiscal, el deterioro de la empresa petrolera estatal, las expropiaciones, la inseguridad jurídica, la corrupción y la expulsión de capital humano redujeron progresivamente la capacidad productiva del país. A ello se añadieron posteriormente las sanciones internacionales, que profundizaron una crisis cuya gestación económica e institucional era anterior.

Más de veinte mil millones de dólares en reclamaciones arbitrales y judiciales relacionadas con antiguas expropiaciones permanecían pendientes en 2026. Esta enorme litigiosidad no es una cuestión abstracta: representa el costo acumulado de haber sustituido reglas previsibles por decisiones políticas discrecionales.

El derrumbe económico tampoco puede separarse de la destrucción democrática. Las instituciones venezolanas experimentaron desde 1999 un deterioro progresivo que terminó cerrando prácticamente los canales efectivos de disidencia, debilitando el debido proceso y colocando los poderes públicos bajo el control del oficialismo. Cuando desaparecen la independencia judicial, la alternancia política, la libertad de prensa y la fiscalización parlamentaria, desaparecen también los mecanismos capaces de advertir, corregir y sancionar los errores económicos del poder.

Cuba constituye otra manifestación de este agotamiento histórico. Tras más de seis décadas de planificación centralizada y partido único, la isla atraviesa escasez de alimentos, medicamentos y combustible, apagones prolongados, deterioro de los servicios públicos y emigración masiva. La crisis ha afectado gravemente el ejercicio de derechos económicos y sociales, mientras millones de ciudadanos afrontan enormes dificultades para satisfacer necesidades elementales.

Sería intelectualmente deshonesto ignorar el efecto del embargo y de las sanciones estadounidenses sobre la economía cubana. Expertos de Naciones Unidas han advertido sobre sus consecuencias humanitarias y han reclamado su levantamiento. Pero también sería deshonesto atribuir exclusivamente a esas medidas el estancamiento de un sistema que restringe la propiedad, limita la iniciativa empresarial, impide la competencia política y subordina la economía a una burocracia sin control democrático. Las presiones externas pueden agravar una crisis; no explican por sí solas seis décadas de improductividad, dependencia y ausencia de libertades.

La lección que dejan Venezuela y Cuba no consiste en afirmar que toda empresa estatal está condenada al fracaso ni que los recursos naturales deban entregarse sin condiciones a intereses privados. Tampoco supone negar al Estado sus funciones regulatorias, redistributivas y sociales. La verdadera lección es que la propiedad pública, cuando se encuentra sometida al partido gobernante, desprovista de transparencia y protegida de la competencia, puede convertirse en un mecanismo de ineficiencia, corrupción y dominación política.

América Latina necesita abandonar la falsa disyuntiva entre el estatismo absoluto y un mercado carente de reglas. Lo que nuestros países requieren es una economía abierta, competitiva y socialmente responsable, sostenida por instituciones republicanas, seguridad jurídica, independencia judicial y reglas estables. Los recursos naturales pueden permanecer bajo soberanía nacional sin que ello implique excluir la inversión privada o extranjera. El capital internacional no debe recibir privilegios ni actuar al margen de la ley, pero tampoco puede ser tratado como enemigo ideológico.

La inversión extranjera directa aporta capital, tecnología, conocimiento, empleo, redes comerciales y acceso a mercados. Para atraerla no es necesario renunciar a la soberanía, sino ejercerla inteligentemente: contratos transparentes, tributación razonable, normas ambientales rigurosas, respeto a los trabajadores, autoridades reguladoras independientes y mecanismos confiables de solución de controversias. La soberanía auténtica no consiste en expulsar inversiones, sino en establecer reglas que permitan convertirlas en desarrollo duradero.

También es necesario repensar las nacionalizaciones. Una nacionalización puede responder excepcionalmente a una necesidad pública legítima, pero no debe ser un recurso propagandístico ni una herramienta de castigo ideológico. Cuando el Estado expropia sin compensación adecuada, modifica unilateralmente los contratos o administra empresas con criterios partidarios, destruye la confianza que requiere toda economía productiva. El costo no lo pagan únicamente los accionistas extranjeros: lo pagan los trabajadores que pierden empleos, los consumidores que enfrentan escasez y las generaciones futuras que dejan de recibir inversiones.

Los intelectuales todavía anclados en el viejo ideario marxista tienen ante sí una responsabilidad moral. Ya no es suficiente atribuir cada fracaso al imperialismo, al bloqueo, a la oligarquía, al mercado o a una supuesta aplicación imperfecta del modelo. Cuando una doctrina necesita explicar todas sus catástrofes mediante enemigos externos y nunca admite la responsabilidad de sus propias instituciones, deja de funcionar como pensamiento crítico y se transforma en dogma.

Revisar las ideas no significa traicionar las aspiraciones de igualdad y justicia social. Significa reconocer que esas aspiraciones no pueden alcanzarse suprimiendo la libertad, destruyendo los incentivos productivos o concentrando indefinidamente el poder. La igualdad sin libertad deriva en sometimiento; la redistribución sin producción reparte escasez; la soberanía sin instituciones se convierte en arbitrariedad; y la revolución sin límites termina devorando a los ciudadanos en cuyo nombre afirma gobernar.

La renovación de la izquierda democrática latinoamericana dependerá de su capacidad para romper con el autoritarismo, aceptar la alternancia, defender la propiedad dentro de su función social, reconocer el papel creador de la empresa y admitir que no existe justicia sostenible sin crecimiento económico. Del mismo modo, el liberalismo deberá demostrar que la libertad económica no equivale a indiferencia social y que el mercado necesita competencia, reglas, oportunidades y protección frente a los monopolios y privilegios.

Los pueblos de Venezuela y Cuba no necesitan nuevas justificaciones ideológicas. Necesitan alimentos, energía, empleo, inversión, instituciones, libertad de expresión y la posibilidad real de elegir a sus gobernantes. Su sufrimiento obliga a abandonar las consignas del siglo pasado y a construir una alternativa democrática para el presente.

El fracaso del socialismo del siglo XXI no debe celebrarse. Debe estudiarse. Porque detrás de cada estadística existen familias separadas, talentos expulsados, empresas destruidas y vidas reducidas a la supervivencia. Pero estudiarlo exige llamar a las cosas por su nombre: ningún proyecto de justicia puede considerarse exitoso cuando produce autoritarismo, empobrecimiento y exilio.

América Latina no necesita otro experimento redentor. Necesita repúblicas democráticas, economías abiertas, instituciones sólidas y Estados capaces de proteger a los vulnerables sin someter a toda la sociedad. Esa es la reflexión que nuestro tiempo exige y que ningún intelectual honesto debería seguir evitando.