Londres.— El nuevo primer ministro británico, Andy Burnham, inició su mandato con una rebaja tributaria sobre la electricidad doméstica y la promesa de orientar la acción gubernamental hacia el coste de vida, la vivienda y la recuperación industrial, mientras su equipo enfrenta dudas sobre la financiación de las primeras medidas.

Burnham, quien asumió el cargo el 20 de julio tras suceder a Keir Starmer al frente del Gobierno laborista, anunció que el impuesto al valor agregado aplicado a las facturas domésticas de electricidad será eliminado a partir del próximo 1 de octubre.

La reducción permitirá que un hogar medio ahorre alrededor de 45 libras al año, sobre una factura anual estimada actualmente en unas 1.862 libras. El primer ministro reconoció que la medida no eliminará por sí sola la presión económica sobre las familias, pero la presentó como una señal inmediata del cambio de prioridades de su administración.

El anuncio se limita a la electricidad doméstica y no constituye todavía una reforma general del mercado energético. Expertos citados por medios británicos cuestionaron además su alcance, debido a que el beneficio no está dirigido específicamente a las familias de menores ingresos.

La Resolution Foundation advirtió que, al aplicarse de forma general, la rebaja podría proporcionar un beneficio absoluto mayor a los hogares de ingresos elevados. La organización consideró que los recursos podrían haberse destinado a una asistencia más focalizada, especialmente ante la posibilidad de un nuevo aumento de las facturas energéticas en octubre.

Burnham aseguró que el coste de la reducción tributaria será cubierto con los ahorros derivados de la cancelación del programa de identificación digital impulsado por el Gobierno anterior, cuyo gasto previsto se estimaba en 1.800 millones de libras.

La fórmula fue cuestionada por Darren Jones, antiguo colaborador de Starmer, quien sostuvo que el proyecto de identificación digital no disponía de financiación asignada. Según Jones, el nuevo Ejecutivo deberá explicar en el próximo presupuesto de dónde procederán efectivamente los recursos para financiar la rebaja.

El nuevo primer ministro defendió la decisión durante la primera reunión de su gabinete y pidió a sus ministros adoptar un enfoque común para aliviar las presiones económicas que afectan a la población. Burnham afirmó que su administración será un “gobierno del coste de vida” y adelantó que anunciará otras medidas inmediatas antes de presentar, más adelante este año, un plan nacional para la próxima década.

El canciller del Exchequer, John Healey, respaldó la orientación social del Gobierno, pero advirtió que los ministros deberán revisar cuidadosamente sus presupuestos. Healey sostuvo que la disciplina fiscal seguirá siendo uno de los principios centrales de la nueva administración.

La elección de Healey, quien ocupó anteriormente la cartera de Defensa y dimitió durante el Gobierno de Starmer por discrepancias sobre la financiación militar, fue una de las principales novedades en la formación del gabinete.

Burnham designó además a Ed Miliband como ministro de Relaciones Exteriores, a Wes Streeting en Defensa, a Yvette Cooper en Salud y a Angela Rayner en Vivienda. Shabana Mahmood permaneció al frente del Ministerio del Interior, mientras Louise Haigh fue nombrada primera secretaria de Estado y canciller del Ducado de Lancaster.

La reorganización dejó fuera del Gobierno a varios colaboradores cercanos de Starmer y fue interpretada como una señal de ruptura con la etapa anterior. Burnham pidió, no obstante, que el nuevo gabinete actúe como un solo equipo y concentre su actividad en medidas capaces de producir efectos perceptibles para la ciudadanía.

En su primer discurso desde Downing Street, el jefe del Gobierno situó también entre sus principales objetivos acabar con las personas que duermen a la intemperie, construir más viviendas municipales, devolver competencias a los gobiernos locales y revitalizar la industria británica.

Esos objetivos permanecen, por el momento, como compromisos generales. Burnham indicó que los detalles de su programa económico y social serán presentados durante los próximos meses mediante un plan de diez años.

El nuevo Gobierno deberá aplicar sus propuestas en un contexto de crecimiento débil, elevados costes de endeudamiento y vigilancia de los mercados financieros. Los inversores observan especialmente cómo compatibilizará Burnham sus compromisos sociales y de defensa con las reglas fiscales heredadas de la administración anterior.

Las primeras decisiones muestran la intención de modificar las prioridades políticas sin abandonar formalmente la disciplina presupuestaria. El alcance del cambio dependerá de que el Ejecutivo consiga demostrar que sus medidas cuentan con una financiación real y sostenible.