BRUSELAS, 23 de julio.— La Comisión Europea impuso este jueves a Google dos multas por un total de 890 millones de euros, al concluir que la empresa favoreció sus propios servicios dentro de su buscador y restringió la posibilidad de que los desarrolladores de aplicaciones informaran a los usuarios sobre alternativas más económicas fuera de Google Play.

Las sanciones constituyen las primeras multas aplicadas a Google en virtud de la Ley de Mercados Digitales —conocida por sus siglas en inglés como DMA—, el marco europeo que establece obligaciones especiales para las grandes plataformas digitales consideradas “guardianes de acceso”.

La decisión supone un nuevo capítulo dentro de la creciente regulación de las grandes empresas tecnológicas y se inscribe en una transformación más amplia del poder económico y digital, analizada por Eco del Siglo en el editorial Las grandes transformaciones del siglo XXI.

Dos infracciones diferentes

La primera multa, de 460 millones de euros, responde al trato preferente concedido por Google a sus propios servicios en los resultados de búsqueda.

Según la Comisión Europea, la empresa otorgó mayor visibilidad a productos propios relacionados con compras, hoteles, transporte y resultados deportivos, colocándolos en posiciones destacadas o presentándolos mediante elementos visuales y filtros que no estaban disponibles en las mismas condiciones para servicios competidores.

La Ley de Mercados Digitales prohíbe que las plataformas designadas como guardianes de acceso clasifiquen sus propios servicios de manera más favorable que los ofrecidos por terceros. También exige que las condiciones de clasificación sean transparentes, justas y no discriminatorias.

La segunda multa, de 430 millones de euros, está relacionada con las restricciones impuestas por Google a los desarrolladores que distribuyen sus aplicaciones mediante Google Play.

Bruselas determinó que la compañía dificultó que los desarrolladores informaran gratuitamente a los usuarios sobre ofertas disponibles en sus propias páginas web o en tiendas de aplicaciones alternativas, donde determinados productos o suscripciones podían obtenerse a precios inferiores.

La normativa europea permite que Google cobre una remuneración por facilitar la captación inicial de un cliente mediante Google Play. Sin embargo, la Comisión consideró que tanto la cuantía de algunas tarifas vinculadas a esa captación como el periodo durante el cual eran exigidas superaban lo permitido por la DMA.

Google deberá modificar sus prácticas

El Ejecutivo comunitario ordenó a Google poner fin a las infracciones y le concedió un plazo de 60 días para adaptar sus servicios.

La empresa deberá tratar a sus competidores de manera justa y no discriminatoria en los resultados del buscador y permitir que los desarrolladores comuniquen a sus usuarios la existencia de ofertas más económicas fuera de Google Play.

En caso de incumplimiento, la Comisión puede imponer multas periódicas de hasta el 5 % de la facturación mundial diaria media de Alphabet, la compañía matriz de Google.

No obstante, las autoridades europeas destacaron que mantienen un “diálogo constructivo” con la tecnológica y reconocieron que la empresa ha comenzado a probar modificaciones en la presentación de sus servicios de compras, hoteles, vuelos, publicidad y resultados deportivos.

La Comisión también examinará cómo deben aplicarse los principios de la decisión a los resúmenes generados mediante inteligencia artificial, como AI Overviews y AI Mode.

Las implicaciones económicas y regulatorias del caso sitúan la noticia dentro de los asuntos seguidos por la sección de Economía Global de Eco del Siglo, especialmente en lo relativo a la relación entre competencia, innovación y poder de mercado.

Antecedentes de las sanciones europeas

Aunque estas son las primeras multas aplicadas a Google bajo la DMA, la compañía ya había recibido varias sanciones europeas por conductas contrarias a las normas tradicionales de defensa de la competencia.

En 2017, la Comisión Europea impuso una multa de 2.420 millones de euros por favorecer ilegalmente a Google Shopping frente a otros servicios de comparación de precios.

Un año después, Bruselas sancionó a la empresa con 4.343 millones de euros por prácticas relacionadas con el sistema operativo Android. El Tribunal General de la Unión Europea confirmó posteriormente los aspectos esenciales de la decisión, aunque redujo la multa a 4.125 millones de euros.

Según Reuters, las multas anunciadas este jueves elevan a aproximadamente 10.380 millones de euros el total acumulado de sanciones europeas impuestas a Google durante cerca de dos décadas.

Posibles tensiones con Estados Unidos

La decisión puede incrementar las tensiones comerciales y regulatorias entre la Unión Europea y Estados Unidos, cuyo Gobierno ha criticado las medidas europeas contra empresas tecnológicas estadounidenses.

Consultada sobre las posibles presiones de Washington, la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea responsable de Competencia, Teresa Ribera, defendió la obligación del Ejecutivo comunitario de aplicar sus propias leyes.

“Nuestro deber y nuestra obligación es cumplir las leyes y garantizar que sean plenamente respetadas”, declaró Ribera, según la información difundida por Reuters.

La vicepresidenta responsable de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen, sostuvo que el objetivo de la DMA es garantizar unas condiciones de competencia equitativas y evitar que las grandes plataformas digitales obstaculicen el acceso de sus rivales al mercado.

Google rechaza la decisión

Google cuestionó las conclusiones de la Comisión y advirtió que las exigencias regulatorias pueden perjudicar el funcionamiento de productos utilizados diariamente por los consumidores europeos.

El presidente de Asuntos Globales de Google y Alphabet, Kent Walker, afirmó que el cumplimiento de la normativa obliga a la empresa a retirar funciones de búsqueda en tiempo real, como la presentación inmediata de precios y disponibilidad de hoteles, vuelos y restaurantes, además de modificar determinadas protecciones de seguridad de Google Play.

Walker calificó las exigencias como una “degradación del producto” promovida por competidores con intereses propios y sostuvo que sus consecuencias recaerán sobre las empresas y los consumidores europeos.

La compañía indicó, además, que podría recurrir la decisión ante la justicia europea, aunque por el momento continúa dialogando con la Comisión sobre las modificaciones necesarias para cumplir las nuevas obligaciones.

El caso refleja la determinación de la Unión Europea de aplicar reglas específicas a las grandes plataformas digitales y abre un nuevo debate sobre el equilibrio entre competencia, innovación, seguridad y calidad de los servicios tecnológicos.

Fuentes: Comisión Europea, Reuters y Deutsche Welle.