Londres.– El grupo siderúrgico chino Jingye reclamó al Gobierno británico una compensación por las pérdidas sufridas a raíz de la nacionalización de British Steel y advirtió que podría recurrir a un arbitraje internacional para proteger su inversión.
La empresa afirmó que el Reino Unido asumió el control de British Steel sin ofrecerle una indemnización adecuada y anunció que inició procedimientos de negociación conforme a los acuerdos bilaterales de protección de inversiones aplicables. Jingye exige una compensación “pronta, adecuada y efectiva”, aunque todavía no existe una cantidad oficialmente fijada.
El Gobierno británico incorporó British Steel a la propiedad pública el 16 de julio de 2026, después de haber mantenido el control operativo de la compañía desde abril de 2025 para evitar el cierre de los altos hornos de la planta de Scunthorpe. Jingye había adquirido la siderúrgica en 2020.
Londres justificó la nacionalización por la necesidad de preservar la capacidad siderúrgica del país, proteger miles de puestos de trabajo y asegurar el suministro de acero producido en el Reino Unido para grandes proyectos de construcción, infraestructura y defensa. La planta de Scunthorpe emplea aproximadamente a 2.700 personas y alberga los últimos altos hornos británicos capaces de producir acero virgen a partir de materias primas.
Jingye asegura haber invertido más de 1.200 millones de libras en British Steel desde su adquisición. La compañía sostiene que el Gobierno británico ignoró sus inversiones en maquinaria, protección del empleo y transición hacia métodos de producción más sostenibles. La cifra y la valoración corresponden a la posición expresada por el propio grupo chino.
El Gobierno británico señaló que se designará un evaluador independiente para determinar si corresponde pagar alguna compensación a Jingye. El mecanismo de valoración se establecerá mediante reglamentos que, según la comunicación oficial, se aprobarán previsiblemente durante el otoño boreal.
El Ministerio de Comercio de China manifestó su firme oposición y fuerte insatisfacción con la nacionalización. Pekín acusó al Gobierno británico de haber tomado la empresa por la fuerza, ignorando las contribuciones de Jingye a la economía y la sociedad británicas, y sostuvo que la medida perjudicó los derechos de la compañía y la confianza de otras empresas chinas interesadas en invertir en el Reino Unido.
El organismo pidió a Londres que cumpla las obligaciones asumidas en el acuerdo de protección de inversiones entre China y el Reino Unido y aseguró que apoyará a las empresas chinas en la defensa de sus derechos. También indicó que seguirá de cerca la evolución del caso y que adoptará medidas para proteger los intereses empresariales chinos, aunque no precisó en qué consistirían.
Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores chino pidió al Reino Unido respetar los principios del mercado y el espíritu de los contratos, y encontrar una solución sobre la compensación y las demás cuestiones pendientes que resulte aceptable para ambas partes. La Cancillería añadió que respalda el uso de vías legales por parte de las empresas para defender sus derechos legítimos.
La controversia podría trasladarse al ámbito del derecho internacional de las inversiones si las negociaciones no producen un acuerdo. Por el momento, Jingye se ha reservado el derecho de acudir a un arbitraje internacional, pero no se ha confirmado la apertura formal de ese procedimiento.
El conflicto enfrenta la decisión británica de proteger una industria considerada estratégica con la reclamación de un inversor extranjero que sostiene haber sufrido una expropiación sin compensación adecuada. También amenaza con introducir nuevas tensiones en las relaciones económicas entre Londres y Pekín.
