El copresidente de Nicaragua anunció además nuevas leyes destinadas a bloquear la participación de los sectores opositores, a los que volvió a acusar de conspirar con el respaldo de Estados Unidos.

El copresidente de Nicaragua, Daniel Ortega, afirmó que no volverán a celebrarse elecciones que permitan a la oposición disputar el control del Gobierno y anunció la preparación de nuevas leyes destinadas a impedir que sus adversarios políticos puedan acceder al poder.

Ortega formuló las declaraciones el domingo durante el acto conmemorativo por el 47.º aniversario de la revolución sandinista, celebrado en Managua ante miles de simpatizantes del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional.

“Que se olviden, aquí no volverán a haber elecciones”, declaró el mandatario al referirse a los movimientos opositores que operan principalmente desde el exilio. Ortega sostuvo que esos grupos intentan organizar partidos políticos para competir en unos futuros comicios y recuperar el Gobierno.

El dirigente sandinista afirmó también que las organizaciones que, según él, reciben respaldo de Estados Unidos no volverán a gobernar Nicaragua. Durante su intervención repitió que esa posibilidad no se produciría “jamás” y acusó nuevamente a sus adversarios de conspiración y de intentar derrocarlo.

Ortega anunció que trabajará con la Asamblea Nacional y otras instituciones estatales para aprobar normas que establezcan un “muro” contra los sectores que el Gobierno califica como golpistas y “vendepatrias”.

Las declaraciones representan una de las manifestaciones más directas de Ortega contra la celebración de elecciones competitivas desde que regresó al poder en 2007.

El Frente Sandinista domina la Asamblea Nacional, mientras el Gobierno de Ortega y de su esposa, Rosario Murillo, mantiene un amplio control sobre las instituciones electorales, judiciales y administrativas del país.

Una reforma constitucional aprobada definitivamente en enero de 2025 estableció un sistema de copresidencia encabezado por Ortega y Murillo, extendió el periodo presidencial de cinco a seis años y otorgó a la Presidencia atribuciones para coordinar las funciones de los poderes Legislativo, Judicial y Electoral. La reforma también permitió que cualquiera de los copresidentes designe un número indeterminado de vicepresidentes.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtió que esas modificaciones debilitaron los contrapesos democráticos y profundizaron la concentración del poder en la Presidencia. La ONU ha descrito además un clima de represión contra opositores, dirigentes sociales, religiosos, defensores de derechos humanos y periodistas.

La crisis política nicaragüense se agravó después de las protestas de 2018 y de la respuesta de las fuerzas estatales y grupos armados progubernamentales, que dejó más de 300 muertos, de acuerdo con organismos internacionales.

Desde entonces, numerosos dirigentes opositores han sido detenidos, expulsados del país o privados de su nacionalidad y de sus bienes. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU informó que, desde febrero de 2023, al menos 546 nicaragüenses habían sido oficialmente despojados de su ciudadanía.

Ortega gobernó Nicaragua durante la década de 1980 y regresó a la Presidencia en enero de 2007. Actualmente comparte formalmente el poder ejecutivo con Murillo bajo el sistema de copresidencia introducido por la reforma constitucional.