El secretario de Estado calificó al régimen cubano como una “superpotencia” del espionaje y sostuvo que ningún otro país ha conseguido infiltrar agentes de manera tan sistemática en las instituciones estadounidenses. La Habana rechazó las acusaciones y denunció que Washington busca justificar una nueva escalada contra la isla.
WASHINGTON / LA HABANA.— El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, acusó al régimen cubano de haber desarrollado durante más de seis décadas una extensa estructura de espionaje y operaciones de influencia dentro del territorio estadounidense, y advirtió sobre la cooperación de La Habana con los servicios de inteligencia de China y Rusia.
En una entrevista emitida por el programa My View with Lara Trump, de Fox News, Rubio sostuvo que Cuba es probablemente el único país que ha conseguido implantar y encubrir espías de manera sistemática dentro del aparato estatal estadounidense, en algunos casos sin necesidad de pagarles directamente.
El jefe de la diplomacia estadounidense afirmó que, pese a sus reducidas dimensiones territoriales, su deteriorada economía y una población cercana a los 9,5 millones de habitantes, Cuba debe ser considerada una “superpotencia” en materia de espionaje y operaciones de influencia.
“Para el estadounidense medio, Cuba es un pequeño país situado a 90 millas de nuestras costas”, señaló Rubio, antes de advertir que esa percepción subestima la capacidad acumulada por los servicios de inteligencia del régimen cubano. Sus declaraciones fueron recogidas por La Veu Lliure y desarrolladas por CiberCuba.
Las acusaciones se produjeron después de la publicación, el 20 de julio de 2026, de un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos, titulado Cuba: The Capital of 21st Century Communism —Cuba: la capital del comunismo del siglo XXI—.
El documento sostiene que La Habana combinó las operaciones tradicionales de inteligencia con una estrategia de largo plazo dirigida a cultivar relaciones políticas, académicas, sindicales y sociales dentro de Estados Unidos.
Una penetración excepcional del aparato estadounidense
Rubio afirmó que los servicios cubanos consiguieron infiltrar agentes o reclutar colaboradores con acceso a los niveles más sensibles del Gobierno estadounidense, desde el Departamento de Estado y el Consejo de Seguridad Nacional hasta organismos relacionados con la defensa y la comunidad de inteligencia.
La acusación más grave formulada por el secretario no consiste solamente en que Cuba haya reclutado agentes aislados, sino en que habría aplicado durante décadas un método sistemático de identificación, captación y protección de personas capaces de penetrar las instituciones estadounidenses.
Rubio sostuvo que los servicios cubanos supieron aprovechar afinidades ideológicas, sentimientos de solidaridad política y posiciones críticas hacia la política exterior estadounidense para reclutar personas que no necesariamente actuaban por dinero.
Según su interpretación, esa capacidad permitió a La Habana obtener información sensible y desarrollar operaciones de influencia con recursos mucho menores que los empleados por otras potencias.
Estas afirmaciones generales forman parte de la evaluación política y de inteligencia presentada por la Administración Trump. No todas las conexiones atribuidas a Cuba han sido demostradas ante los tribunales. Sin embargo, existen casos judicialmente acreditados que muestran la capacidad real de penetración alcanzada por los servicios cubanos.
Ana Belén Montes: una infiltración en el corazón de la inteligencia militar
Rubio citó como uno de los ejemplos más graves el caso de Ana Belén Montes, quien trabajó durante años como analista especializada en Cuba dentro de la Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos.
Montes ingresó en ese organismo en 1985 y llegó a ocupar una posición de considerable importancia en la elaboración de evaluaciones sobre Cuba. Fue arrestada el 21 de septiembre de 2001 y posteriormente se declaró culpable de conspiración para cometer espionaje en favor del Gobierno cubano.
La exanalista fue condenada a 25 años de prisión por transmitir información clasificada a La Habana. El Departamento de Justicia confirmó que Montes proporcionó al servicio de inteligencia cubano información relacionada con la defensa nacional y las identidades de oficiales estadounidenses que operaban de manera encubierta.
Rubio calificó el episodio como uno de los mayores fracasos de contrainteligencia de Estados Unidos y como una de las penetraciones más profundas sufridas por el sistema de seguridad nacional del país.
Montes cumplió su condena y fue liberada en enero de 2023, aunque continúa sometida a restricciones especiales derivadas de su cooperación con los servicios cubanos.
Víctor Manuel Rocha y cuatro décadas de actividad clandestina
El segundo caso destacado por Rubio fue el de Víctor Manuel Rocha, antiguo funcionario del Departamento de Estado, miembro del Consejo de Seguridad Nacional y embajador de Estados Unidos en Bolivia entre 2000 y 2002.
Rocha se declaró culpable en abril de 2024 de actuar clandestinamente durante décadas como agente del Gobierno cubano. Un juez federal lo condenó a 15 años de prisión, una multa de 500.000 dólares y tres años de libertad supervisada.
El Departamento de Justicia estableció que Rocha comenzó a colaborar con Cuba en 1973 y continuó apoyando la misión clandestina de la Dirección General de Inteligencia cubana hasta su arresto.
Durante su carrera diplomática, ocupó puestos que le proporcionaron acceso a información reservada, incluida información clasificada, y capacidad para influir en aspectos de la política exterior estadounidense.
Rocha trabajó en el Departamento de Estado entre 1981 y 2002, integró el Consejo de Seguridad Nacional entre 1994 y 1995 y prestó servicio en la Sección de Intereses de Estados Unidos en La Habana antes de ser designado embajador en Bolivia.
En conversaciones grabadas por un agente encubierto del FBI, Rocha describió sus más de cuatro décadas de colaboración con Cuba como una misión de gran importancia y se refirió a Estados Unidos como “el enemigo”.
El Departamento de Justicia consideró su conducta una traición prolongada a los cargos de confianza que ejerció dentro del Gobierno estadounidense. La sentencia de quince años fue la pena máxima correspondiente a los delitos por los que se declaró culpable.
Más allá del espionaje convencional
Rubio argumentó que las operaciones cubanas no se limitaron a la obtención clandestina de documentos o secretos militares. Según el secretario de Estado, La Habana también construyó una red de influencia destinada a promover o aprovechar movimientos políticos radicales dentro de Estados Unidos.
El informe del Departamento de Estado vincula históricamente al régimen cubano con organizaciones como Weather Underground, los Panteras Negras, el Ejército Negro de Liberación y diferentes movimientos revolucionarios puertorriqueños.
También sostiene que las operaciones de influencia cubanas se proyectaron sobre sectores académicos, sindicatos, organizaciones políticas y grupos de solidaridad con la revolución.
Rubio fue más lejos y relacionó esas redes con protestas ocurridas en Estados Unidos desde 2020, con sectores asociados a Antifa, con movilizaciones propalestinas en universidades y con campañas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
“No hay nada orgánico en ello. Está financiado, está organizado y Cuba forma parte de esa red”, afirmó, según la entrevista reseñada por CiberCuba.
Estas acusaciones requieren una atribución cuidadosa. La existencia de contactos con instituciones cubanas, la participación en actos de solidaridad o la coincidencia ideológica con La Habana no demuestran por sí solas que una persona u organización esté controlada por los servicios de inteligencia cubanos.
Por ello, deben distinguirse los casos judicialmente probados de espionaje —como los de Montes y Rocha— de las acusaciones más amplias sobre movimientos sociales, profesores universitarios y organizaciones políticas.
La influencia cubana en América Latina
Rubio también acusó al régimen cubano de haber apoyado o inspirado movimientos insurgentes de izquierda en América Latina durante las últimas décadas.
El secretario de Estado afirmó que prácticamente toda insurgencia comunista que desestabilizó gobiernos latinoamericanos durante los últimos cuarenta o cincuenta años recibió ayuda, apoyo o influencia de La Habana.
La revolución cubana proporcionó durante la Guerra Fría entrenamiento, asistencia política y respaldo material a diversos movimientos guerrilleros de América Latina. Sin embargo, el alcance concreto de esa influencia varió de un país a otro y no todos los movimientos de izquierda de la región dependieron directamente del Gobierno cubano.
El informe presentado por Washington utiliza estos antecedentes para sostener que las operaciones de influencia cubanas sobrevivieron al final de la Guerra Fría y adoptaron formas menos visibles, vinculadas con organizaciones políticas, campañas internacionales y redes académicas.
China y Rusia amplían la dimensión de la amenaza
La Administración Trump considera que la amenaza ya no se limita a las capacidades propias de la inteligencia cubana. Según Washington, la isla se ha convertido también en una plataforma estratégica para las operaciones de China y Rusia en el Caribe.
El informe del Departamento de Estado vincula al régimen cubano con instalaciones de inteligencia utilizadas o apoyadas por Pekín y Moscú para interceptar comunicaciones estadounidenses.
La proximidad de Cuba —situada a unos 145 kilómetros de Florida— proporciona una posición privilegiada para vigilar instalaciones militares, movimientos navales, comunicaciones electrónicas y actividades vinculadas con el Comando Sur de Estados Unidos.
Según las evaluaciones citadas por Washington, China y Rusia incrementaron desde 2023 el personal y los recursos destinados a instalaciones de inteligencia en la isla. Cuba y China rechazan estas acusaciones y sostienen que Estados Unidos utiliza el argumento del espionaje para justificar nuevas sanciones.
La existencia y capacidad exacta de cada instalación no han sido verificadas de manera independiente en todos los casos. Sin embargo, la posibilidad de que potencias rivales utilicen Cuba como punto de observación próximo al territorio continental estadounidense constituye una preocupación persistente para la comunidad de seguridad nacional.
Rubio rechaza que el informe sea una “táctica de miedo”
Ante las críticas de quienes consideran que el documento pretende preparar el terreno para una acción más agresiva contra La Habana, Rubio aseguró que su contenido está basado en hechos y que sus conclusiones no pueden ser refutadas.
El secretario insistió en que las acusaciones no constituyen una simple reconstrucción histórica de la Guerra Fría, sino la descripción de una estructura de inteligencia e influencia que, según Washington, continúa activa.
Para Rubio, la eficacia cubana radica en su capacidad para identificar personas situadas en “nodos clave” de la sociedad estadounidense, incluidas universidades e instituciones públicas, que comparten afinidades ideológicas con el régimen.
El planteamiento del secretario de Estado es especialmente grave porque sugiere que la inteligencia cubana no necesita recurrir siempre a incentivos económicos: puede captar colaboradores mediante convicciones políticas, relaciones personales o sentimientos de identificación con la revolución.
No obstante, esta afirmación no permite presumir que toda persona favorable a Cuba sea un agente extranjero. En un Estado de derecho, esa condición debe probarse mediante evidencias concretas y procedimientos judiciales.
La respuesta de La Habana
El ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, rechazó el informe y lo calificó como una “falacia”. Acusó a Rubio de intentar fabricar un pretexto para intensificar la hostilidad estadounidense contra Cuba.
El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel describió el documento como un “panfleto neomacartista” y afirmó que Washington busca criminalizar las posiciones políticas contrarias a su estrategia regional.
La Habana sostiene que Estados Unidos utiliza la seguridad nacional para justificar el embargo económico, las sanciones financieras y las restricciones aplicadas contra funcionarios y empresas cubanas.
Las autoridades cubanas también niegan que los movimientos internacionales de solidaridad o las organizaciones políticas que mantienen contactos con la isla formen parte de una estructura clandestina dirigida por sus servicios de inteligencia.
Esa respuesta no elimina, sin embargo, la gravedad de los casos judicialmente demostrados. Tanto Montes como Rocha ocuparon posiciones de alta sensibilidad mientras colaboraban clandestinamente con el Gobierno cubano.
Una pieza de la estrategia hemisférica de Trump
Las declaraciones de Rubio reflejan la prioridad que la Administración de Donald Trump concede nuevamente al hemisferio occidental.
Washington considera que Cuba, Venezuela y Nicaragua no representan únicamente desafíos políticos regionales, sino puntos de entrada para la influencia económica, tecnológica, militar y de inteligencia de potencias adversarias.
Bajo esta perspectiva, contener la presencia de China y Rusia en América Latina forma parte de la misma estrategia dirigida a proteger infraestructuras críticas, comunicaciones, rutas marítimas y posiciones militares estadounidenses.
Eco del Siglo ha analizado anteriormente el alcance regional de los regímenes socialistas en El fracaso que la izquierda latinoamericana debe atreverse a pensar.
El caso cubano adquiere una importancia especial por su proximidad geográfica, la experiencia acumulada de sus servicios de inteligencia y los antecedentes comprobados de infiltración dentro de instituciones estadounidenses.
Entre acusaciones políticas y hechos judicialmente probados
El informe defendido por Rubio contiene dos categorías de afirmaciones que deben evaluarse separadamente.
La primera comprende hechos respaldados por expedientes judiciales, confesiones y condenas. Los casos de Ana Belén Montes y Víctor Manuel Rocha demuestran que los servicios cubanos consiguieron reclutar personas con acceso a información altamente sensible y mantenerlas durante años dentro del sistema estadounidense.
La segunda categoría abarca las acusaciones sobre universidades, protestas, profesores, movimientos radicales y organizaciones sociales. Estas afirmaciones forman parte del diagnóstico del Departamento de Estado, pero no todas han sido probadas individualmente ante los tribunales.
La distinción no reduce la gravedad de los antecedentes comprobados. Por el contrario, permite dimensionarlos sin convertir una denuncia de seguridad nacional en una imputación indiscriminada contra personas u organizaciones por sus ideas políticas.
Más allá de la controversia generada por el informe, el mensaje de Rubio es inequívoco: la Administración Trump considera que Cuba desarrolló una capacidad de espionaje muy superior a la que correspondería a su tamaño y que su cooperación con China y Rusia representa una amenaza directa para la seguridad nacional de Estados Unidos.
El Caribe vuelve así a ocupar una posición central dentro de la competencia entre las grandes potencias, mientras Washington advierte que no tolerará que sus adversarios consoliden plataformas de inteligencia a escasa distancia de sus costas.

