El entendimiento, alcanzado a nivel técnico, contempla un programa de tres años y todavía debe recibir la aprobación del Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional y del Congreso boliviano. El acuerdo podría movilizar más de US$ 5.000 millones de organismos multilaterales, aunque enfrenta importantes obstáculos políticos y sociales.
LA PAZ / WASHINGTON.— Bolivia alcanzó un acuerdo a nivel técnico con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para un programa de financiamiento por US$ 1.900 millones, destinado a estabilizar una economía afectada por el agotamiento de sus reservas internacionales, la escasez de dólares, los elevados déficits fiscales y la caída de la producción de gas natural.
El entendimiento tendrá una duración prevista de tres años, pero todavía no equivale a la aprobación definitiva del programa ni al desembolso inmediato de los recursos. Según informó Reuters, deberá recibir el respaldo del Directorio Ejecutivo del FMI y la autorización del Congreso boliviano antes de entrar en vigor.
En caso de completarse el procedimiento, el acuerdo representaría el primer programa plurianual de Bolivia con el FMI desde 2006 y marcaría un giro significativo en la relación del país con los organismos financieros internacionales.
Un acuerdo inferior a las expectativas del Gobierno
El monto convenido es inferior a las cifras anticipadas por las autoridades bolivianas durante las negociaciones.
El ministro de Economía, Gabriel Espinoza, había declarado el 22 de julio que Bolivia se encontraba cerca de obtener entre US$ 2.500 millones y US$ 2.800 millones del FMI. También había estimado que más de la mitad de esos recursos podía llegar a comienzos de septiembre para reforzar las reservas del Banco Central.
Sin embargo, el acuerdo técnico anunciado posteriormente quedó establecido en US$ 1.900 millones.
Consultado sobre la diferencia, el FMI explicó que el tamaño de su respaldo refleja el resultado de las conversaciones con las autoridades bolivianas, las necesidades de financiamiento de la balanza de pagos y los objetivos establecidos para el programa.
La reducción respecto de las expectativas iniciales no elimina la importancia potencial del acuerdo. El Fondo señaló que su participación podría facilitar financiamiento adicional del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y otros organismos multilaterales.
Si el programa es aprobado y logra movilizar esos recursos, el respaldo financiero total para Bolivia podría superar los US$ 5.000 millones.
El FMI puede actuar como catalizador financiero
El posible acceso a más de US$ 5.000 millones convierte la negociación en una operación de mayor alcance que el monto aportado directamente por el Fondo.
Los programas del FMI suelen funcionar como una señal para otros prestamistas internacionales, debido a que implican supervisión económica, compromisos de reforma y evaluaciones periódicas del cumplimiento de los objetivos acordados.
En el caso boliviano, el financiamiento multilateral podría contribuir a reconstruir las reservas internacionales, aliviar la escasez de divisas y facilitar el pago de importaciones necesarias para la producción y el abastecimiento interno.
No obstante, los recursos adicionales no están garantizados automáticamente. Dependerán de la aprobación definitiva del programa, de los acuerdos que Bolivia alcance con cada organismo y del cumplimiento de las políticas económicas pactadas.
La crisis del gas debilitó las finanzas bolivianas
La economía boliviana atraviesa una de sus crisis más graves en décadas.
Durante años, los ingresos procedentes de las exportaciones de gas natural permitieron financiar el gasto público, sostener subsidios, acumular reservas y mantener un tipo de cambio fijo frente al dólar.
Ese modelo comenzó a debilitarse a medida que descendieron la producción y las exportaciones de gas. Al mismo tiempo, el país mantuvo elevados niveles de gasto público y déficits fiscales que superaron el 10 % del producto interno bruto, según los antecedentes recogidos por Reuters a partir de una evaluación del FMI.
La reducción de los ingresos externos y el agotamiento de las reservas provocaron una creciente escasez de dólares, dificultaron las importaciones y alimentaron la inflación.
La crisis económica heredada se convirtió en uno de los principales desafíos del presidente Rodrigo Paz, quien asumió el Gobierno en noviembre de 2025 después de casi dos décadas de predominio político del Movimiento al Socialismo. Reuters informó que la nueva administración recibió una economía con reservas severamente debilitadas, inflación elevada y una profunda escasez de combustible y divisas.
La crisis también puso en cuestión el modelo económico basado en una amplia intervención estatal y en la dependencia de las rentas procedentes de los hidrocarburos. Este deterioro se inscribe en un debate regional más amplio sobre los resultados económicos del denominado socialismo del siglo XXI, examinado anteriormente por Eco del Siglo.
Bolivia abandonó el tipo de cambio fijo
Una de las reformas más importantes adoptadas por el Gobierno fue el abandono del tipo de cambio fijo que Bolivia había mantenido durante aproximadamente quince años.
El 27 de junio, el país comenzó a transitar hacia un régimen cambiario flexible, con el propósito de corregir los desequilibrios externos, reducir la brecha con el mercado paralelo y recuperar competitividad.
Antes de la reforma, la cotización oficial se había mantenido alrededor de Bs 6,86 para la compra y Bs 6,96 para la venta de un dólar, pese a que la escasez de divisas había generado precios considerablemente mayores en el mercado informal.
La depreciación posterior fue pronunciada. El Banco Central de Bolivia estableció un tipo de cambio oficial de Bs 11,54 por dólar, vigente desde el 28 de julio de 2026.
El nuevo régimen puede ayudar a reflejar con mayor precisión la disponibilidad real de divisas y reducir algunas distorsiones del mercado. Sin embargo, también encarece las importaciones y puede trasladarse a los precios internos, especialmente en una economía dependiente de bienes, insumos y combustibles procedentes del exterior.
La inflación continúa presionando a los hogares
El ajuste cambiario ocurre en un contexto de inflación persistente.
Los datos publicados por el Banco Central muestran que el índice de precios al consumidor registró en junio de 2026 una variación mensual del 2,15 % y una inflación acumulada en doce meses del 9,23 %.
Aunque esa cifra representa una moderación respecto de los niveles observados durante el periodo más grave de la crisis, continúa siendo elevada para una economía que durante muchos años había mantenido tasas relativamente bajas.
El encarecimiento del dólar puede ejercer nuevas presiones sobre los alimentos, los medicamentos, la maquinaria, los repuestos y otros bienes importados.
Por esa razón, el programa de estabilización deberá buscar un equilibrio difícil: corregir los desequilibrios fiscales y cambiarios sin provocar una contracción excesiva de la actividad económica ni un deterioro desproporcionado de los ingresos de los hogares.
Reducción de subsidios y gasto público
Desde su llegada al poder, el Gobierno de Rodrigo Paz comenzó a aplicar medidas de ajuste para contener el déficit fiscal y reducir la presión sobre las reservas.
Entre esas decisiones se encuentran la reducción de los subsidios a los combustibles y la disminución del gasto público. Reuters informó que estas políticas provocaron protestas y bloqueos de carreteras que afectaron la actividad económica durante casi dos meses.
La eliminación o reducción de los subsidios constituye uno de los asuntos más sensibles del programa económico.
Durante años, Bolivia vendió combustibles en el mercado interno a precios inferiores a su costo de importación. La diferencia era absorbida por el Estado, lo que generó una creciente carga fiscal y aumentó la demanda de dólares para adquirir carburantes en el exterior.
La corrección del sistema puede reducir el déficit y limitar el contrabando, pero también eleva los costos del transporte y puede repercutir sobre los precios de los alimentos y otros productos básicos.
El Gobierno defiende su plan de reformas
El FMI afirmó que la nueva administración puso en marcha un plan decidido para enfrentar los desequilibrios y recuperar la estabilidad macroeconómica.
La jefa del equipo técnico del Fondo para Bolivia, Joana Pereira, destacó el inicio de las reformas, mientras que el Ministerio de Economía presentó el entendimiento como un respaldo al programa oficial y una señal para recuperar la confianza de los inversionistas.
Espinoza declaró que el primer paso del Gobierno había sido ordenar las cuentas públicas y determinar con precisión las necesidades financieras del país.
El acuerdo no significa, sin embargo, que el FMI haya aprobado definitivamente todas las medidas ni que la recuperación económica esté asegurada.
Los resultados dependerán de la capacidad gubernamental para reducir el déficit, reconstruir las reservas, contener la inflación, atraer inversión y recuperar la producción de sectores capaces de generar divisas.
El Congreso representa el primer gran obstáculo
La aprobación legislativa constituye una de las principales dificultades para el programa.
El Gobierno de Rodrigo Paz no dispone de una mayoría suficiente para aprobar por sí solo todas las medidas necesarias, por lo que deberá construir acuerdos con otras fuerzas parlamentarias.
El debate sobre el financiamiento externo se desarrollará, además, en un Congreso fragmentado y dentro de un escenario político todavía condicionado por la herencia institucional del anterior ciclo de gobierno.
Eco del Siglo ha analizado previamente las dificultades del Ejecutivo para transformar el aparato estatal en el artículo “Bolivia: el MAS dejó un Estado capturado y Rodrigo Paz todavía no se atreve a desmontarlo”.
La aprobación del acuerdo puede convertirse así en una prueba de la capacidad del Gobierno para construir una mayoría reformista y sostener políticamente el proceso de estabilización.
La Central Obrera Boliviana rechaza el acuerdo
La oposición al FMI no se limita al Congreso. La Central Obrera Boliviana (COB) y otras organizaciones sindicales han manifestado su rechazo al financiamiento, ante el temor de que esté acompañado de nuevas medidas de austeridad.
El recuerdo de los programas de ajuste aplicados en América Latina durante las décadas de 1980 y 1990 continúa influyendo en la percepción pública del Fondo.
El Gobierno deberá explicar las condiciones del acuerdo y demostrar que el esfuerzo de estabilización no recaerá exclusivamente sobre trabajadores, jubilados y sectores de menores ingresos.
La ausencia de un consenso social suficiente podría dificultar la aplicación del programa, incluso en caso de que obtenga la aprobación formal del Congreso y del Directorio Ejecutivo del FMI.
Una señal para los mercados emergentes
El regreso de Bolivia a un programa plurianual del FMI posee relevancia más allá de sus fronteras.
Durante cerca de dos décadas, el país había mantenido una relación distante con el organismo, mientras financiaba su modelo económico mediante los ingresos extraordinarios del gas natural.
El agotamiento de esa fuente de recursos obligó a revisar la estrategia y buscar nuevamente apoyo de la arquitectura financiera internacional.
Para los mercados, la aprobación del programa podría interpretarse como una señal de mayor disciplina fiscal, normalización cambiaria y apertura a la inversión. Para el Gobierno, el desafío será convertir el respaldo financiero en una oportunidad para reconstruir la economía sin profundizar la desigualdad ni provocar una crisis social.
Un acuerdo decisivo, pero todavía preliminar
El entendimiento con el FMI constituye un paso relevante para Bolivia, pero no representa todavía una solución definitiva.
Los US$ 1.900 millones solo estarán disponibles después de que se completen las aprobaciones correspondientes y se establezcan las condiciones concretas del programa.
Tampoco está garantizada la movilización inmediata de más de US$ 5.000 millones. Esa cifra representa el financiamiento potencial que podría generarse con la participación del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y otros prestamistas multilaterales.
Bolivia deberá reconstruir sus reservas, reducir el déficit, controlar la inflación, atraer capital y recuperar su capacidad productiva en un contexto de elevada tensión política.
El acuerdo técnico abre una vía de estabilización y reinserción financiera internacional. Su éxito dependerá de la calidad de las reformas, de la transparencia de las condiciones negociadas y de la capacidad del Gobierno para construir el respaldo legislativo y social indispensable para aplicarlas.
