El Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva mantiene pendiente el beneplácito para Daniel Perez, aliado del secretario de Estado Marco Rubio, en medio de acusaciones cruzadas de interferencia electoral y a pocas semanas de los comicios que enfrentarán al mandatario brasileño con Flávio Bolsonaro. Aunque Brasil ejerce una facultad reconocida por el derecho diplomático, el perfil político del candidato y el deterioro de las relaciones con Washington explican la creciente trascendencia del caso.

BRASILIA.— El Gobierno de Brasil mantiene sin resolver la solicitud de beneplácito para Daniel Perez, el dirigente republicano de Florida elegido por el presidente Donald Trump para encabezar la Embajada de Estados Unidos en Brasilia.

La demora ha provocado malestar dentro de la Administración estadounidense y amenaza con dejar a Washington sin un embajador confirmado durante la etapa decisiva de las elecciones presidenciales brasileñas del 4 de octubre de 2026.

Perez, representante en la Cámara de Florida y aliado político del secretario de Estado Marco Rubio, fue nominado por Trump el 1 de junio. El Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense aprobó su candidatura el 22 de julio, pero el nombramiento todavía necesita la confirmación del pleno y la aceptación del Estado brasileño. Su nominación figura oficialmente como la PN1022-31-119 en el registro del Comité de Relaciones Exteriores del Senado.

Brasil no ha rechazado formalmente al candidato. Sin embargo, funcionarios brasileños citados por Reuters señalaron que el beneplácito probablemente no será concedido antes de las elecciones y subrayaron que el país receptor no está sometido a un plazo determinado para responder.

Una facultad reconocida por el derecho diplomático

El beneplácito, conocido internacionalmente como agrément, es el consentimiento que debe prestar el Estado receptor antes de que una persona pueda ser acreditada como jefe de una misión diplomática.

El artículo 4 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas dispone que el Estado acreditante debe cerciorarse de que el candidato propuesto ha obtenido el beneplácito del Estado receptor. La misma disposición establece que el país receptor no está obligado a explicar los motivos de una negativa.

Por tanto, Brasil actúa dentro de sus atribuciones soberanas al examinar la candidatura de Perez, demorar su respuesta o incluso negar el consentimiento.

La Convención de Viena no impone expresamente que la consulta sea secreta ni establece un plazo para contestarla. No obstante, la solicitud suele tramitarse discretamente y antes del anuncio público del candidato, con el objeto de evitar que una eventual negativa se convierta en un incidente diplomático.

Según Reuters, la Administración Trump anunció la nominación antes de solicitar formalmente el beneplácito de Brasil. Funcionarios brasileños interpretaron esa secuencia como una ruptura del protocolo diplomático habitual y una falta de consideración hacia Brasilia.

Ese desacuerdo procedimental, sin embargo, no parece explicar por sí solo la dimensión alcanzada por el conflicto.

El perfil de Daniel Perez

El núcleo político del caso se encuentra en el perfil del candidato y en el contexto electoral brasileño.

Daniel Perez es una figura republicana de Florida cercana a Marco Rubio, uno de los principales responsables de la política latinoamericana de la Administración Trump. Brasilia mantiene desde hace tiempo una relación difícil con el Departamento de Estado dirigido por Rubio, al que acusa de intentar favorecer a movimientos conservadores y condicionar procesos políticos internos de la región.

Washington sostiene, por el contrario, que determinadas instituciones brasileñas han restringido la libertad de expresión de dirigentes conservadores o aplicado de manera desigual algunos procedimientos judiciales.

La eventual llegada de Perez tendría lugar durante una campaña presidencial especialmente polarizada. Lula buscará permanecer en el poder frente al senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, aliado de Trump y candidato del Partido Liberal.

Eco del Siglo informó anteriormente sobre la proclamación de Flávio Bolsonaro como candidato presidencial y nuevo líder del bolsonarismo.

Durante su audiencia ante el Senado estadounidense, Perez afirmó que las elecciones brasileñas serían una de sus primeras prioridades si resultaba confirmado. Sostuvo que Estados Unidos debía contribuir a crear condiciones favorables para unos comicios libres y justos, además de reforzar la cooperación comercial y de seguridad con Brasilia.

La audiencia y su designación como candidato a embajador pueden consultarse en la página oficial del Comité de Relaciones Exteriores del Senado.

Aunque la defensa de elecciones libres forma parte del lenguaje habitual de la diplomacia estadounidense, el Gobierno de Lula observa con desconfianza cualquier actuación de Washington relacionada con el proceso electoral brasileño.

Acusaciones cruzadas de interferencia

La controversia por el embajador se produce después de que Brasil negara visados a dos funcionarios de la Administración Trump.

Lula afirmó que pretendían viajar al país para intervenir en las elecciones y cuestionar el sistema electoral brasileño. El Departamento de Estado rechazó esa interpretación y sostuvo que la visita respondía a las actividades ordinarias de sus funcionarios en materia de democracia y derechos humanos.

El propio presidente brasileño ha convertido la defensa de la soberanía nacional en uno de los principales argumentos de su campaña. Frente a las críticas procedentes de Washington, Lula aseguró que no desea una confrontación directa con Trump, aunque pretende derrotar a sus adversarios en la “batalla de las narrativas”.

La Administración estadounidense respondió al conflicto por el beneplácito reivindicando la facultad de Trump para elegir a quienes representarán a Estados Unidos.

Un portavoz del Departamento de Estado declaró a Reuters que el presidente tiene derecho a determinar quién representa al pueblo y a los intereses estadounidenses en el mundo. También rechazó cualquier intento de gobiernos extranjeros de interferir en los procedimientos internos de Estados Unidos.

Ambas posiciones pueden coexistir jurídicamente: Trump tiene libertad para nominar a su candidato, pero Brasil conserva la facultad soberana de aceptarlo o rechazarlo.

El enfrentamiento surge del uso político que cada Gobierno atribuye a las decisiones del otro.

Washington evalúa posibles respuestas

Funcionarios de la Administración Trump consideran que Brasilia está demorando deliberadamente el beneplácito. Una fuente consultada por Reuters indicó que Washington podría adoptar medidas punitivas si la situación no se resolvía, aunque no precisó su naturaleza.

Hasta ahora no existe un anuncio oficial de represalias específicamente relacionadas con Daniel Perez. Por ello, no puede afirmarse que la Casa Blanca haya tomado una decisión definitiva contra Brasil por este asunto.

La información disponible permite hablar de irritación dentro de la Administración estadounidense y de posibles respuestas en evaluación, pero no de sanciones ya acordadas.

Una relación cada vez más deteriorada

La controversia diplomática se suma a otras diferencias comerciales, políticas y de seguridad.

Estados Unidos impuso durante julio un arancel del 25 % sobre varios productos brasileños, alegando prácticas comerciales desleales. Posteriormente anunció un gravamen adicional del 12,5 %, relacionado con preocupaciones estadounidenses sobre trabajo forzoso.

Brasil llevó la disputa arancelaria ante la Organización Mundial del Comercio y solicitó consultas formales con Washington.

El Departamento de Estado también designó como organizaciones terroristas a dos grupos del crimen organizado brasileño, pese a las objeciones del Gobierno de Lula. Brasilia considera que algunas de esas decisiones fueron adoptadas sin suficiente coordinación bilateral.

En este contexto, la demora del beneplácito difícilmente puede interpretarse como un hecho aislado.

Aunque el Gobierno brasileño no ha reconocido públicamente una motivación política, la cercanía de Perez con Rubio, la proximidad de las elecciones y las acusaciones cruzadas de interferencia permiten inferir que la desconfianza política ocupa un lugar central en la decisión de Brasilia.

El desacuerdo protocolario por la forma en que Washington anunció la nominación puede haber contribuido al malestar, pero el verdadero problema parece residir en la relación del candidato con el núcleo político de la Administración Trump y en el papel que podría desempeñar durante la campaña brasileña.

Mucho más que un nombramiento diplomático

Estados Unidos y Brasil son las dos mayores economías y democracias del hemisferio occidental. Su relación resulta decisiva para el comercio continental, la seguridad regional, la energía, la lucha contra el crimen organizado y la competencia geopolítica en América Latina.

Por ello, la demora en la acreditación del próximo embajador estadounidense representa mucho más que un incidente protocolario.

Brasil ejerce una facultad reconocida por el derecho internacional, pero lo hace dentro de una confrontación política cada vez más abierta con Washington. Estados Unidos, por su parte, defiende el derecho de Trump a seleccionar a sus representantes, aunque esa prerrogativa no obliga al país receptor a aceptar al candidato.

Por ahora, Daniel Perez continúa esperando tanto la confirmación definitiva del Senado como el beneplácito brasileño.

Brasil no ha cerrado formalmente la puerta a su nombramiento. Sin embargo, mientras la respuesta siga pendiente, el caso continuará funcionando como un símbolo del deterioro de una relación bilateral atravesada por diferencias ideológicas, disputas comerciales y acusaciones mutuas de interferencia electoral.