WASHINGTON.— Estados Unidos aplicará desde el próximo 22 de julio un arancel adicional del 25 % a numerosas importaciones procedentes de Brasil, una medida que abre una nueva fase de tensión comercial entre las dos mayores economías del continente americano.

La decisión fue adoptada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, conocida como USTR, al concluir una investigación desarrollada bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.

Washington sostiene que determinadas políticas y prácticas brasileñas relacionadas con el comercio digital, los servicios de pago electrónico, la propiedad intelectual, el acceso del etanol al mercado, la aplicación de normas anticorrupción y la deforestación ilegal perjudican o restringen el comercio estadounidense.

Los nuevos gravámenes alcanzarán, entre otros productos, muebles, maquinaria, calzado, azúcar y etanol brasileños.

La disposición establece formalmente aranceles sobre las importaciones de Brasil, aunque incorpora una lista de excepciones. Entre los productos excluidos se encuentran la carne bovina, el café, el jugo de naranja, las aeronaves, componentes aeronáuticos, determinados productos energéticos y algunas materias primas estratégicas.

La exención alcanza también al café instantáneo brasileño, una decisión que protege exportaciones anuales hacia Estados Unidos valoradas entre 2.000 y 2.500 millones de dólares, según la organización brasileña de exportadores de café Cecafé.

El ministro brasileño de Comercio, Marcio Elias Rosa, estimó que los nuevos aranceles afectarán aproximadamente al 18 % de las exportaciones de Brasil destinadas al mercado estadounidense.

La medida convierte a Brasil en el primer país alcanzado por la nueva estrategia arancelaria de la administración del presidente Donald Trump basada en la Sección 301, después de que la Corte Suprema estadounidense anulara en febrero anteriores gravámenes globales establecidos mediante poderes económicos de emergencia.

El Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva rechazó la decisión estadounidense y anunció que continuará las negociaciones diplomáticas, al tiempo que analiza posibles medidas amparadas en la legislación brasileña de reciprocidad comercial.

El ministro de Hacienda de Brasil, Dario Durigan, afirmó que el Gobierno no considera que existan razones para hablar de represalias contra Estados Unidos y que examinará cuidadosamente eventuales medidas recíprocas.

Durigan indicó que las autoridades evaluarán las necesidades de los sectores afectados antes de anunciar cualquier decisión y aseguró que las medidas de apoyo no deberán comprometer las metas fiscales ni la estabilidad macroeconómica del país.

Brasil también prepara mecanismos de asistencia para las actividades perjudicadas por los nuevos gravámenes. El Gobierno anunció un paquete de crédito de cerca de 13.300 millones de reales, equivalente a unos 2.600 millones de dólares, dirigido principalmente al sector rural y a los productores de caña de azúcar.

Las diferencias comerciales entre Washington y Brasil se habían prolongado durante varios meses sin producir un acuerdo definitivo.

La imposición de los nuevos aranceles incrementa la incertidumbre para los sectores manufactureros y agroindustriales brasileños alcanzados por la medida, aunque las exenciones reducen el impacto sobre algunas de las principales exportaciones del país hacia Estados Unidos.

Brasil mantiene abierta la vía de la negociación, pero también estudia una respuesta basada en el principio de reciprocidad si no se alcanza una solución con Washington.